Esto se debe a que el aparato
del Estado es excesivamente grande para las competencias que
tiene.
Traspasadas a las comunidades autónomas las dos
últimas grandes competencias como la Educación y la Sanidad,
al Gobierno central sólo le quedan competencias plenas en
política exterior, defensa, política macroeconómica, seguridad
ciudadana, una parte de los tributos y todo el sistema de
gestión económica, de las pensiones y la protección por
desempleo de la Seguridad Social.
De todo ello se
deduce que, por ejemplo, sobran los ministerios de Educación y
Cultura; Sanidad; Administraciones Públicas y hasta Ciencia y
Tecnología.
El futuro del Ministerio de Agricultura y
Pesca dependerá de que este área económica pierda la
importancia que tiene en Bruselas por el volumen de las ayudas
que recibe. Hay que tener en cuenta que para repartir las
ayudas, la UE sólo se entiende con los Estados, no con las
regiones de los países miembros.
Seguridad Social
Por lo tanto, al
final de esta legislatura al Gobierno central le quedarán la
Agencia Tributaria y la Seguridad Social como órganos de pura
gestión en toda España. Es decir, unos 60.000 empleados
públicos entre los dos.
Excluidas las Fuerzas Armadas y
de Seguridad, más una parte de la Administración de Justicia,
el Gobierno central contará con más de 400.000 empleados
públicos, una cifra excesiva para las competencias del
Estado.
Por esta razón, y por indicación del
presidente, José María Aznar, el ministro de Administraciones
Públicas, Jesús Posada, ha empezado a hablar de la necesidad
de reformar la Administración central, lo que conllevaría la
reordenación –que no el despido– de los funcionarios del
Estado.
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