En los seis años que lleva en
vigor esta medida de ajuste de personal tan sólo se han amortizado
tres mil de los quince mil puestos de trabajo previstos por el
Gobierno.
El Gobierno no está consiguiendo los
objetivos previstos de reducir el número de funcionarios en la
Administración central del Estado con su política
presupuestaria de restringir el acceso al empleo
público.
Es decir, aplicando lo que se llama
técnicamente la tasa de reposición, que consiste, salvo
algunas excepciones, en que los distintos departamentos de la
Administración tan sólo pueden sustituir anualmente al 25% de
los funcionarios que se dieron de baja en el ejercicio
anterior.
El Gobierno del Partido Popular empezó a
aplicar este sistema de reemplazo de empleados públicos desde
el primer presupuesto que elaboró para 1997 con el objetivo de
sujetar el gasto, y tratar de cumplir los objetivos previstos
en el Tratado de Maastricht para entrar en la unión monetaria.
Ese mismo año, se congelaron los salarios de los
funcionarios.
Seis años después de comenzado el
programa de restricciones en el acceso de funcionarios a la
Administración central del Estado, el Gobierno ha comprobado
que tan sólo se han reducido tres mil de los entre quince mil
y veinte mil puestos que estaba previsto amortizar en ese
periodo.
Es decir, que sólo se han cumplido entre el
15% y el 20% de los objetivos trazados por el Ejecutivo, según
informaron las fuentes de la Administración consultadas por
EXPANSIÓN.
Transferencias
Por lo tanto, el recorte de personal
en los servicios del Estado se debe fundamentalmente al proceso de
transferencias a las comunidades autónomas. Así, sólo en el
traspaso de la Sanidad, proceso que terminó el año pasado, el
Gobierno ha transferido a las administraciones regionales del
orden de 140.000 empleados públicos.
Precisamente, por
esta razón de reducción de las competencias del Estado en la
Oferta de Empleo Público para este año, el Ejecutivo ha
reducido un 14% las plazas de funcionarios del Estado, con
1.787 empleos nuevos.
¿Cuáles son las causas de que las
restricciones en el ingreso de personal en la Administración
no esté consiguiendo los resultados esperados? En primer
lugar, la mala distribución de los empleados públicos dentro
del sector Estado.
De tal manera que hay departamentos
en los que hay excedentes mientras en otros falta gente. Por
ejemplo, hasta que se transfirió la educación, sólo en el
edificio central del Ministerio, en el centro de Madrid, había
cinco mil funcionarios. Al mismo tiempo, falta gente en
servicios como la Abogacía del Estado, la Justicia o la
Inspección de Trabajo.
Bien es verdad que a esto último
contribuye el hecho de que en momentos de crecimiento
económico, como los que ha habido en España en los últimos
años, la mayoría de quienes buscan empleo cualificado
prefieren la empresa privada antes que preparar duras
oposiciones para ingresar en la Administración.
La
segunda causa por la que el Gobierno no ha conseguido sus
objetivos de reducir el número de funcionarios se debe a la
contratación temporal con la que buena parte de la
Administración central ha tratado de sustituir los
funcionarios que le faltaban.
Interinos
Estas personas con un empleo
eventual han cumplido su periodo temporal y se han quedado en
la Administración como interinos. De hecho, en la Oferta de
Empleo Público para este año el Gobierno ha decidido convertir
en indefinidos 2.400 empleos temporales.
Una de las
causas más frecuentes que llevan a los ministerios a cubrir
las plazas vacantes con trabajo temporal es la lentitud con la
que se produce la convocatoria de puestos. Incluso pueden
transcurrir hasta dos años desde que se convoca la plaza hasta
que la ocupa el nuevo funcionario.
En muchos casos,
esto se debe a la multitud de pasos que tiene que dar la
Administración para garantizar la legalidad del proceso en la
oposición. Por ejemplo, cumpliendo con la debida publicidad de
la convocatoria, del resultado, tiempo de preparación o
posibilidades de recurrir el resultado.
Precisamente,
para agilizar todo el proceso, Administraciones Públicas ha
decidido exigir este año a todos los ministerios y
departamentos que convoquen las plazas antes del 15 de junio y
que los aspirantes realicen la primera prueba antes del 30 de
diciembre.
Esta medida es complementaria a la que
Administraciones Públicas y Hacienda adoptaron el año pasado
de quitarle el permiso a un departamento de la Administración
para crear una plaza nueva, si al año siguiente el puesto
vacante continuaba sin ser convocado.
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