El Gobierno anticipó ayer con varios meses de antelación una de las principales novedades de las cuentas públicas del año que viene, el volumen de gasto del Estado, rompiendo con la tradicional presentación de las líneas generales de los presupuestos generales en septiembre, tras las vacaciones de verano.
Se trata de una de las primeras consecuencias de la entrada en vigor el 1 de enero pasado de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que a partir de ahora obligará a la Administración a llevar a cabo una política más transparente sobre el uso de los recursos públicos.
El Ministerio de Hacienda ha establecido que los presupuestos generales del Estado de 2003 registren un gasto de 114.517 millones de euros –109.273 millones de euros en términos de Contabilidad Nacional–, lo que representa un incremento del 4,1% respecto al balance de este año, inferior al 5,5% de crecimiento previsto del PIB nominal.
Ingresos
El volumen de recursos, que se enmarca en el escenario central del programa de estabilidad enviado a la Unión Europea, supondrá un déficit del Estado y de los organismos autónomos del 0,5% del PIB, ya que los ingresos contemplados suman un total de 105.656 millones.
La cifra de déficit del Estado, que coincide con la previsión realizada para este año, no implicará ninguna variación sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria, ya que será compensado con un superávit de la Seguridad Social del 0,5% y el equilibrio de las cuentas de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
El techo fijado ayer por el Consejo de Ministros será remitido de inmediato al Congreso y al Senado para su ratificación, y a partir de ese momento los distintos departamentos ministeriales iniciarán los trabajos para diseñar sus prioridades, una vez que el Consejo de Política Fiscal y Financiero diera ayer el visto bueno al proyecto –con la excepción de las autonomías gobernadas por el partido socialista–.
El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró ayer que el nuevo encorsetamiento presupuestario no va a afectar a los capítulos de inversión pública. "En 2003 vamos a seguir apostando por la inversión pública y a facilitar la participación de las comunidades autónomas en todos los proyectos de inversión".
Las partidas destinadas a infraestructuras de transporte e I+D+i seguirán teniendo un tratamiento preferencial, aunque Montoro advirtió que en todo caso "el esfuerzo se va a mantener en términos de PIB", lo que descarta que haya incrementos significativos respecto a las prioridades fijadas en 2002 .
Según Montoro, el nuevo techo presupuestario, que incluye el fondo de contingencia del 2% –modificaciones de crédito aprobadas a lo largo del ejercicio por un valor de 2.290 millones de euros, incluidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria– coincidirá con la prometida rebaja fiscal, "lo que contribuirá a fortalecer el principal objetivo del Gobierno para esta legislatura, es decir, la creación de empleo en un momento en que la Reserva Federal de EEUU y el Banco Central Europeo comienzan a ver signos de mejoría de la coyuntura internacional".
Por esta razón, Hacienda no contempla que se lleven a cabo modificaciones sobre la previsión inicial del gasto, tal y como piden algunas autonomías.
Montoro desautorizó los planteamientos realizados por CiU y las autonomías socialistas, y criticó con dureza los recursos de inconstitucionalidad presentados contra la ley de déficit cero. "Son una apuesta por el despilfarro", subrayó.
En cuanto a la posibilidad de utilizar el superávit de la Seguridad Social para tapar los agujeros presupuestarios de las administraciones territoriales, el ministro de Hacienda aseguró que se trata de "un planteamiento peregrino" porque ignora el principio de caja única y no tiene en cuenta el esfuerzo realizado ya por el Estado para la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social, que ha supuesto un coste acumulado de 12.000 millones de euros.
Respecto a la posibilidad de que el déficit de una región pueda ser compensado por el superávit de otra, Montoro afirmó que es una propuesta "políticamente muy difícil" e indicó que "lo más probable" es que en la próxima reunión con las autonomías, dentro de un mes, todos los Gobiernos presenten equilibrio en sus cuentas públicas hasta 2005.
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