El ex jefe de la Inspección de Hacienda para el sector inmobiliario de Barcelona Álvaro Pernas negó ayer ante un tribunal que recibiese 360.000 euros (60 millones de pesetas) por levantar actas favorables a la inmobiliaria Metro-3 y atribuyó el resultado de la inspección a un error informático debido a su 'torpeza' con los ordenadores. Pernas empezó a ser juzgado ayer en la Audiencia de Barcelona por las inspecciones realizadas a esta empresa, y que han sido desgajadas en una pieza separada de la supuesta trama de Hacienda que investiga el Juzgado de Instrucción número 33.
El fiscal acusa a Pernas de un delito continuado de prevaricación, así como de cohecho, infidelidad en la custodia de documentos y omisión del deber de perseguir delitos y reclama para él penas que suman 14 años de prisión. También se sientan en el banquillo el subinspector de Hacienda Fabián Goméz, subordinado suyo, así como el administrador de Metro-3, Baltasar Aznar Quero, y el que fuera asesor fiscal de esta sociedad, Ricardo Valera. El fiscal pide para ellos penas que suman entre dos y ocho años de prisión. Pernas es el único implicado en la trama de Hacienda que está encarcelado, desde enero de 2000, después de que se descubriera que intentaba evadir 1,48 millones de euros -246 millones de pesetas- y ocultar expedientes de 35 contribuyentes.
Las inspecciones realizadas a Metro-3 referidas a los años comprendidos entre 1991 y 1995 acabaron con el abono a las arcas públicas de 48.080 euros, cuando la empresa debería haber pagado más de 453 millones de pesetas por impuesto de sociedades e IVA, según concluyó un informe de Hacienda al realizar otra inspección a la inmobiliaria.
En su declaración de ayer ante la Sección Novena de la Audiencia, y durante un implacable interrogatorio al que le sometió el fiscal Carlos Ramos, el ex inspector Pernas justificó su actuación asegurando que no incluyó algunos conceptos en esas inspecciones por tres motivos: un error informático en el manejo del programa de Hacienda, el extravío de algunos documentos durante el traslado de unas cajas que tenía en Hacienda a su despacho personal y porque consideró que esa documentación no tenía relevancia tributaria.
La tesis del fiscal es que Pernas ocultó deliberadamente los documentos que hubieran alterado la cuota final y que exigió 60 millones de pesetas a Baltasar Aznar, aunque nunca se probó ese pago. El subordinado de Pernas declaró que él cumplía órdenes y que cuando redactó el borrador de las actas que entregó al inspector no hizo constar ni periodos ni cantidades, sólo conceptos y motivos tributarios. El acusado Valera abandonó ayer la sala de vistas después de que no pudiera responder al interrogatorio al estar afectado por un hematoma intercerebral sufrido en 2000. Hoy declarará Baltasar Aznar.
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