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El banquillo de los acusados de la Audiencia de Barcelona tuvo ayer como inquilino al inspector fiscal Alvaro Pernas, el primer acusado en lo que se ha denominado la «trama de Hacienda» de Barcelona, descubierta hace ahora algo más de tres años. En todo este tiempo, y a pesar del escándalo que el asunto supuso, la realidad es que la Administración ha adoptado una actitud de total pasividad. Unicamente cabe hacer la salvedad de que Alvaro Pernas, cuyo juicio comenzó ayer, fue denunciado por la Agencia Tributaria, pero cuando ya la justicia había iniciado investigaciones al respecto. A partir de ahí, todo lo que se ha ido haciendo ha sido producto de la acción de los jueces. Como es lógico, Alvaro Pernas actuó ayer defendiéndose con todos los argumentos posibles. Y no cabía esperar otra cosa. Lo que sí se esperaba es que, a los tres años de la revelación de lo que estaba ocurriendo, fuera también la Administración pública, y no sólo la Justicia, la que hubiera adoptado medidas para efectuar una amplia limpieza en Hacienda. Pero no. Al margen de esa denuncia contra Pernas -cuando prácticamente ya no había más remedio que presentarla-, la Agencia Tributaria no ha hecho absolutamente nada. Son los tribunales los que, afortunadamente, están actuando. Estamos ante un caso de grave pasividad, porque en un asunto tan sensible como la existencia de una red de corrupción entre los encargados de cobrar nuestros impuestos, los de todos, la Administración debería haber actuado por su cuenta, al margen de la acción estrictamente judicial.
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