|
El inspector fiscal Alvaro Pernas, relacionado con la trama de chantaje y soborno en la Agencia Tributaria en Cataluña que aún está en fase de investigación, negó ayer haber aceptado un soborno de 60 millones de pesetas para «maquillar» las actas fiscales extendidas al grupo inmobiliario Metro-3, que habría defraudado 453 millones de pesetas.
Pernas atribuyó los múltiples errores de las actas a su torpeza en el manejo de los ordenadores y a una interpretación muy personal que efectuó sobre los términos de prescripción. Según la Fiscalía Anticorrupción, la empresa defraudó entre los ejercicios de 1991 y 1995 más de 453 millones de pesetas pese a que las actas elaboradas por Pernas cuantificaron su deuda con el fisco en sólo 7.998.171 pesetas.
Igualmente, Alvaro Pernas negó con rotundidad haber pedido dinero a Metro-3 a través de Enrique Viola, también imputado en la trama de Hacienda, para hacer «la vista gorda» en su inspección.
El inspector, que se enfrenta a una petición de 14 años de cárcel por los delitos de cohecho, prevaricación y falsedad documental, se sentó ayer en el banco de los acusados de la sección Novena de la Audiencia de Barcelona junto al que fue subinspector de Hacienda Fabián Gómez Molina, el asesor fiscal de Metro-3 Ricardo Valera y el administrador de la sociedad Baltasar Aznar, para quien el fiscal pide penas de entre dos y ocho años de cárcel.
Durante la primera sesión del juicio, que será íntegramente registrado con videocámaras de la Administración de Justícia, Alvaro Pernas defendió su buena fe en la inspección de la empresa Metro-3, justificando los múltiples errores que presentaba en su «torpeza» en el manejo del programa informático a la hora de transcribir los datos del borrador que le había preparado el también acusado Fabián Gómez, a partir de sus propias instrucciones. Igualmente, el inspector, que está preso desde enero de 2001 por supuesta ocultación de pruebas, dijo estar «profundamente convencido» de que el ejercicio fiscal de la empresa de 1991, donde se contabilizaban más irregularidades, estaba prescrito y por este motivo «no entraron en ello» al no tener ninguna «trascendencia tributaria».
La Fiscalía sostiene que, sólo en este ejercicio, Metro-3 generó un fraude fiscal de 161 millones de pesetas a través de la participación de una sociedad interpuesta, Defor S.A., cuya relación con la compañía era a todas luces la propia de «las personas que no cumplen con sus obligaciones fiscales».
Metro-3 presentó una autoliquidación a Hacienda en 1993 que supuso la devolución de 119 millones de pesetas, y Pernas entendió, al hacer la inspección en 1997, que ya había transcurrido el plazo de prescripción que prevé la legislación tributaria. Con todo, a preguntas del fiscal Carlos Ramos, el procesado tuvo que reconocer que su interpretación acerca de los plazos de prescripción no tenía soporte en la Ley, según sus palabras sino en «resoluciones varias» que no especificó.
En cualquier caso, algunos de los datos del ejercicio fraudulento se incluyeron también por error, según Pernas, en el acta de inspección que fue firmada de conformidad por el propietario de Metro-3 Baltasar Aznar.
El inspector procesado añadió que antes de presentar las actas a la Jefatura de Hacienda, se percató de algunos errores cometidos, y afirmó que dio claras instrucciones a su subordinado Fabián Gómez para que devolviera las actas a Metro-3 antes de su aprobación definitiva. El caso es que la diligencia de devolución se «traspapeló», según el acusado en un nuevo error «involuntario».
En cuanto a la aparición en su despacho particular de diligencias e informes relacionados con esta inspección, Pernas comentó que no tenía conociemiento de que estuvieran allí. En cualquier caso, Pernas sostuvo ante el tribunal que «tampoco tenían relevancia tributaria».
Fabián Gomez desmiente a su superior
Fabián Gómez, subinspector de Hacienda a las órdenes de Alvaro Pernas, confirmó que tenía la confianza de Pernas y le sustituía ocasionalmente, pero señaló al tribunal que «no tenía ni idea» del error que se produjo en la inspección de la empresa inmobiliaria, en clara contradicción con la versión mantenida por su superior, que dijo que le había informado del error para ponerle remedio.
El inspector regional José Luis Prada Larrea anuló las actas sólo nueve días después de haber sido levantadas, en diciembre de 1998. Según Fabián Gómez, tuvo conocimiento de este hecho por teléfono, cuando estaba de baja laboral. El subinspetor calificó de muy irregular la anulación de unas actas.
El acusado negó también de forma tajante las acusaciones de cohecho y prevaricación, por las que la Fiscalía le pide ocho años de cárcel.
El tribunal alteró el orden previsto y cedió el primer turno de palabra a otro de los acusados, el que fue asesor fiscal de Metro-3 entre los años 1997 y 1998, Ricardo Valera.
Su declaración fue especialmente dramática por su situación de salud: Valera sufrió en noviembre de 2000 un ataque cerebral que le provoca graves dificultades de expresión.
Su abogado, Tomás Mendaña, pidió como cuestión previa a la vista que el tribunal archivara provisionalmente la causa contra él por esta circunstancia, ya que según dice, cree que «un euro es un árbol». Pese a ello, la Sala acordó, siguiendo el criterio de la Fiscalía y el Abogado del Estado, que declarara en primer lugar y que se ausente si así lo quierede las próximas sesiones del juicio.
En su declaración, Valera no pudo articular más que monosílabos, respondiendo a preguntas muy directas del fiscal. Valera negó haber sido asesor fiscal de Metro-3 y negó cualquier relación con Pernas. A preguntas de su abogado, Valera indicó con gestos que comprendía a medias el motivo de su presencia en las sesiones del juicio.
|
