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El ex inspector de la Agencia Tributaria destinado en Barcelona, Alvaro Pernas cuenta desde esta semana con el dudoso honor de ser el primer supuesto miembro de la trama de corrupción de la Delegación de Hacienda de Barcelona en sentarse en el banquillo acusado de prevaricación, cohecho y falsedad documental. Pernas, que también es el único miembro de la trama que se encuentra en prisión -fue encarcelado el 23 de enero de 2001 y sólo ha sido excarcelado para acudir a los tribunales-, está acusado de haber cobrado 240.000 euros (unos 60 millones de pesetas) del empresario inmobiliario y propietario de la constructora Metro-3 Baltasar Aznar a cambio de maquillar una inspección tributaria que había hallado en las cuentas de la compañía una serie de delitos fiscales que sumaban más de 453 millones de pesetas en el año 1998. Aznar se ha sentado en el banquillo junto a Pernas y junto al que fue el subinspector de este último, Fabián Gómez.El ministerio público, que en este caso está representado por la Fiscalía Anticorrupción, solicita 14 años de prisión para Pernas, y ocho para Aznar. Penas que pretenden ser ejemplares en el caso del constructor pero que, en el caso del inspector de Hacienda, el fiscal sólo pretende que sea la primera condena de una larga lista. Porque Pernas no era ni el jefe de la trama corrupta de Hacienda en Barcelona. Quizás fuera el que con más arrogancia presumía de los supuestos delitos que se le imputan y que de forma más descarada los cometía. Una arrogancia que ha mantenido durante la vista del primer juicio que se celebra contra su persona. Porque, a pesar de la gravedad de los delitos que se le imputan, la coartada de Pernas, errores informáticos, es un insulto a la inteligencia de los miembros del tribunal.
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