La buena imagen de los organismos públicos de supervisión financiera, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España, saltó por los aires con el escándalo Gescartera, que estalló poco después del último debate sobre el estado de la nación, celebrado en junio de 2001. Mañana hace exactamente un año del ingreso en prisión sin fianza de Antonio Camacho, el dueño de Gescartera, y allí sigue. Gescartera era una empresa de servicios de inversión que funcionaba como el peor de los chiringuitos financieros pero que, contra toda lógica, superó todos los controles de la CNMV y del Ministerio de Economía para lograr la categoría de agencia de valores.

El PSOE aprovechará hoy el debate sobre el estado de la nación para reprochar al Gobierno que haya 'relajado los controles y rebajado la calidad y las exigencias de la inspección y prevención del fraude', tal como 'quedó patente' con Gescartera. La oposición destacará que la falta de confianza en los controladores ha acelerado el desplome de las Bolsas internacionales y que aquí, un año después del estallido de ese escándalo, ni se ha aclarado por qué fallaron los controles, ni se ha abonado un simbólico euro a ninguno los 1.400 clientes que han presentado reclamación por pérdidas de casi 100 millones de euros al flamante Fondo de Garantía de Inversiones que el Ejecutivo creó a principios de agosto para demostrar su voluntad de respaldar a los ahorradores defraudados. Un año después, la investigación judicial se ha sumergido en el juzgado de la Audiencia Nacional que lleva Teresa Palacios. Ocho imputados, la credibilidad de los supervisores financieros y los estafados pagan esa factura.