Frente a él, los asesores del PSOE advierten que la decisión de no actualizar el IRPF con el IPC anula gran parte de las rebajas fiscales.
“¿Quién ha dicho que tenga que deflactarse automáticamente el impuesto? Me gustaría que alguien me señale un país occidental donde se deflacte automáticamente cada año tarifa y mínimos del IRPF”, aseguró Lagares en el debate de EXPANSIÓN.
La reacción del presidente de la comisión de expertos del Ministerio de Hacienda, Manuel Lagares, deja clara la fuerte divergencia de opiniones entre los técnicos más cercanos al Gobierno y los convocados por el PSOE para preparar las propuestas de la reforma fiscal.
Para Jesús Ruiz-Huerta, del grupo de asesores convocado por los socialistas, la decisión de no actualizar las tarifas, mínimos y topes de deducciones al dato de inflación supone directamente una subida “en frío” de los impuestos, debido a que las desgravaciones cada vez valen menos en dinero constante y se alcanzan tipos fiscales mayores con salarios menores.
Es más, este experto no duda en asegurar que la aplicación de este criterio por parte del PP en los últimos años ha anulado ya gran parte del efecto de las rebajas fiscales aprobadas por el Grupo Popular.
Lagares, sin embargo, señala que “ningún partido en España ha aplicado nunca antes la deflactación automática de la tarifa y de los mínimos con el Índice de Precios al Consumo. Se ha deflactado en ocasiones, según los momentos, pero ningún Gobierno ha ligado automática y anualmente las revisiones al IPC”.
El catedrático añade que “soy enemigo de deflactar automáticamente el impuesto; hay que tener en cuenta que, hoy por hoy, la política fiscal es uno de los principales instrumentos que les quedan a los Gobiernos y actualizar automáticamente significaría renunciar a uno de los principales estabilizadores automáticos de la economía”.
Los expertos del PSOE, pese a no defender la regulación por ley de esta deflactación automática del impuesto, no dudan en asegurar que “los efectos de la no actualización provocan una importante subida de impuestos, que debe ser corregida”. Para Ruiz-Castillo, de hecho, “las rebajas que lograrán algunos contribuyentes con la nueva reforma fiscal, no llegarán a paliar el endurecimiento fiscal provocado por el encarecimiento de los precios”.
Lagares no cree que esa valoración sea real y asegura que el hecho de no estar obligado a actualizar el impuesto permite, precisamente, destinar las futuras rebajas a los colectivos identificados como más necesitados o con mayores cargas. Además, el presidente de la comisión de expertos de Hacienda recuerda que “en el periodo comprendido entre 1990 y 1995, la inflación acumulada fue aproximadamente el doble de las actualizaciones del IRPF aprobadas entonces”.
Los argumentos de Lagares coinciden con la postura oficial que ha adoptado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ya se ha mostrado en diversas ocasiones contrario a la deflactación automática del impuesto.
Uno de los pocos puntos en los que los expertos consiguen alcanzar un atisbo de acuerdo es en el de la necesidad de cambios en el régimen fiscal de los módulos. Este régimen de impuestos no sujeta el pago del IRPF a los beneficios realmente obtenidos por un negocio, sino que realiza unas estimaciones objetivas de sus factores productivos para definir, en consecuencia, unos pagos tributarios fijos, independientemente de los ingresos logrados a lo largo del año. De esta forma, las facturas pasan a un segundo plano dejando que la cuota a pagar por los empresarios se fije, principalmente por el número de empleados que tienen.
Fraude fiscal
La postura de Lagares, recogida en su informe es clara: se trata de un esquema fiscal en el que el control de las facturas es prácticamente inexistente, lo que acaba originando el nacimiento de importantes tramas de fraude fiscal. La receta de este catedrático pasa por lo tanto por “intentar reducir el ámbito de los módulos exclusivamente a las actividades de menor importancia y más próximas al consumo, aplicando al resto de actividades el sistema general”.
Ruiz-Castillo y Ruiz-Huerta comparten estas aclaraciones y van más allá. Los expertos que asesoran al PSOE aseguran que se trata de un esquema fiscal anticuado y propio de otra época que ha perdido su sentido. En consecuencia, como recogen en su propuesta de reforma, lo lógico sería directamente la eliminación de este sistema de tributación.
José Luis Oller, miembro del Consejo Editorial de EXPANSIÓN se hizo eco, por último, dé una reclamación cada vez más escuchada entre los fiscalistas: la necesidad de intentar mantener una estabilidad de las normas con la que escapar de las continuas reformas a las que la legislación fiscal se ha acostumbrado.
Oller aseguró que “debe darse la importancia que tiene a la estabilidad de las normas, por lo que los continuos cambios deberían aglutinarse en determinados momentos específicos, de manera que sólo se pudiesen modificar los impuestos cada cinco o diez años”.
Ruiz-Huerta comparte esta preocupación y señala que “se ha convertido en un uso generalizado el intento de compra de votos por medio de la planificación del calendario de las reformas fiscales dependiendo de motivos políticos”.
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