La reforma de esta norma, que el ministerio pretende lanzar a la vuelta del verano, servirá, de esta forma, para regular, ya en una ley de aplicación general, el criterio de que los incentivos recogidos en la legislación fiscal no estarán al alcance de las operaciones de planificación fiscal.
Los nuevos medios de acceso a paraísos fiscales, los modernos sistemas de ahorro y la creciente movilidad del capital dentro de los mercados internacionales ha terminado de convencer a Hacienda de la necesidad de reforzar su capacidad de actuación frente al creciente uso de la ingeniería tributaria.
El ministerio, sin embargo, regulará en esa nueva ley importantes cautelas para evitar que esta posibilidad de negar los incentivos fiscales a las fusiones que se realicen exclusivamente por motivos de ahorro fiscal se convierta en un choque contra las necesidades reales del mercado.
Reforma legal
Con estos objetivos, la futura ley general tributaria recogerá, en primer lugar, la obligatoriedad de que todas las consultas realizadas a la Dirección General de Tributos por los particulares sean vinculantes.
Esta reforma permitirá, así, que las empresas consulten la operación de fusión o escisión antes de realizarla, con lo que sabrán de antemano si sus motivos son válidos para acceder a las exenciones del régimen de fusiones.
Además, la reforma legal incorporará medios más rápidos para dilucidar los enfrentamientos entre las compañías y Hacienda. La norma regulará el acceso a fórmulas arbitrales para resolver las diferencias de criterio, con lo que las disputas sobre el correcto acceso a los incentivos fiscales no tendrán que acabar en los tribunales y sus interminables plazos.
Hacienda quiere presentar el borrador de esta norma en el último trimestre del año, para conseguir que se apruebe en el Parlamento el próximo año.
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