El Gobierno portugués de centro derecha planea despedir a unos 40.000 empleados públicos hasta el 2006, dentro de sus planes para reducir el déficit en las cuentas del Estado, según afirmó ayer el diario luso Público. Otras medidas, según el mismo rotativo, se refieren a bajar un 4% anual las transferencias del Estado al sistema de salud pública y a la enseñanza superior.

El pasado día 24, en un discurso con motivo de la Nochebuena, el primer ministro, José Manuel Durao Barroso, consideró que los portugueses deben mirar al futuro con "optimismo moderado", pero también que la nación vive "el que quizás sea el período más difícil de los últimos 20 años". Los cálculos de reducción de funcionarios, según Público prevén un porcentaje anual del 1,5% del total del empleo público, que será una de las medidas principales dentro del Plan de Estabilidad y Crecimiento Nacional (PECN), anunciado esta misma semana.

Según esas estimaciones, al ser unos 700.000 los funcionarios del Estado a fines del presente año, la reducción del 1,5% durante cuatro años supone la supresión de poco más de 41.000 empleos, para alcanzar una cifra cercana a los 659.000 en el 2006.

El PECN es el documento anual elaborado por el Ejecutivo luso de acuerdo con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento comunitario, que obliga a cada Gobierno de los países de la UE a presentar un déficit por debajo del 3%. El anterior, elaborado por el Gobierno socialista de Antonio Guterres, preveía un déficit cero, pero, en la realidad, alcanzó el 4,1% del PIB en el 2001, con el consiguiente incumplimiento de los compromisos comunitarios.

Desde que tomó posesión, a comienzos de abril pasado, el nuevo Ejecutivo portugués de centro derecha convirtió la reducción del déficit en su primer objetivo, y el pasado lunes se confirmó que este año quedará fijado en el 2,4%. El compromiso asumido por el gabinete que preside Durao Barroso es llegar al 2006 con un déficit de las cuentas públicas del 0,5% del PIB, y, para ello, cree que debe basarse en la contención del crecimiento del gasto, sobre todo de personal, y en la congelación de algunas partidas de Sanidad y Educación.

El Ejecutivo portugués, según los planes mencionados, apostará por un férreo control de las contrataciones públicas, una fuerte moderación salarial y por una revisión del régimen de evaluación del rendimiento. En cuanto al sector sanitario, las medidas de ajuste prevén que no aumenten las transferencias públicas por encima del 4% anual, en paralelo al estímulo de las rentas propias del sistema de salud y de avances en la eficiencia, mediante una mejor gestión empresarial de los hospitales. El capítulo educativo registrará un crecimiento nulo de las transferencias para la enseñanza superior, a cambio de un aumento de la eficiencia y de la captación de recursos propios, y se sugiere a este respecto un aumento del precio de las matrículas.