El vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, informó el pasado viernes al Consejo de Ministros sobre los cambios, que se centrarán en los deberes de información y transparencia, la definición y régimen de los deberes de los administradores y la obligación de las empresas de dotarse de una regulación en materia de gobierno corporativo.

Según las citadas fuentes, con la modificación legislativa se facilitará la participación e información de los accionistas en la junta general, mediante mecanismos que les permitan obtener información adicional o específica de la sociedad.

Asimismo, se establecerá el deber de lealtad de los administradores y de comunicar posibles conflictos de intereses, así como sus responsabilidades en caso de daños a la empresa. También se dotará de más transparencia a las participaciones relevantes, a los acuerdos que condicionen las participaciones en una sociedad y a los acuerdos sobre la empresa con terceros.

Se reforzarán los mecanismos de vigilancia de los administradores en materia de información privilegiada y los de control del voto en las juntas de accionistas.

Por último, Economía hará obligatoria la publicación de un informe anual corporativo sobre las prácticas de buen gobierno, que deberá incluir información sobre la estructura de la propiedad de la compañía, las operaciones vinculadas y las intragrupos, los sistemas de control de riesgo y el funcionamiento de los órganos sociales.