La norma, que acaba con las demoras de dos meses actuales, permitirá eludir el pago de impuestos durante dos años.
Los votos a favor de PP, CiU y Coalición Canaria permitieron ayer al Gobierno sacar adelante de forma definitiva la Ley de Sociedad Limitada Nueva Empresa. La norma pretende acabar con una de las tradicionales quejas lanzadas desde la Comisión Europea y la OCDE respecto a las fuertes trabas que soportan los emprendedores en España. Para ello, la nueva ley acabará con los actuales plazos de demora superiores a dos meses para el lanzamiento de un negocio y los reducirá a tan sólo 48 horas.
Las principales novedades del Estatuto de Nueva Empresa son las siguientes:
-- Documento único. Se reducen los catorce trámites actuales que deben llevar a cabo los emprendedores para que su empresa vea la luz y se reducen a uno sólo, un impreso que se denomina Documento Único Electrónico.
La reforma, además, se adapta a los nuevos medios telemáticos, con lo que este documento se podrá rellenar directamente por Internet sin necesidad de acudir a ninguna oficina de la Administración.
-- Un sólo trámite. El Gobierno acaba con las continuas idas y venidas a las oficinas registrales, censales, haciendas locales o sedes de la Seguridad Social. Un sólo trámite será suficiente para crear una empresa.
La oficina del notario se convierte en el centro neurálgico de este proceso: el fedatario público realiza los trámites de inscripción del Documento Único y a partir de ese momento es la propia Administración la que se comunica entre sí para cumplimentar el resto de comunicaciones fiscales, de Seguridad Social e incluso de permisos de adaptación de los futuros locales de la compañía.
-- Dos años sin impuestos.
Los emprendedores acogerán con especial optimismo las reformas fiscales introducidas por el Estatuto. El Gobierno ha incluido en este apartado la posibilidad de que las nuevas empresas no paguen impuestos durante sus dos primeros años de vida.
Sin embargo, no se trata de un perdón del pago fiscal. El coste de los impuestos acumulado durante este periodo se empezará a pagar a partir del tercer ejercicio de actividad y de forma fraccionada. El propósito de esta medida es reducir la carga fiscal en el periodo en el que la empresa es más débil -durante su nacimiento- y trasladar esta factura impositiva al momento en el que el negocio se encuentre ya implantado.
Los tributos sobre los que se aplicará este esquema serán el Impuesto sobre Sociedades (cuyo recargo asciende hasta el 35%), el Impuesto sobre Actos Jurídicos (que puede llegar a suponer un pago de hasta 538 euros por la constitución del negocio), el de Transmisiones Patrimoniales (con un tipo fiscal del 7%) y las retenciones en concepto del IRPF de los empleados de la nueva compañía.
-- Contabilidad resumida.
El Estatuto también reduce los trámites formales que tienen que cumplir los emprendedores. Para ello, reduce todos los documentos contables de las empresas a uno sólo, un libro donde se anotarán los ingresos y gastos de las compañías y que no exigirá, ni tan siquiera, realizar bajo la forma del tradicional balance empresarial.
Además, la ley crea un documento estándar de estatutos sociales. Se trata de un impreso válido para cualquier actividad que vaya a realizar la empresa y que simplifica las complejidades legales actuales de tener que redactar los estatutos de forma privada.
-- Red de asistencia.
El Ministerio de Economía ha creado lo que denomina Red de Creación de Empresas, un entramado de puntos de asistencia y asesoramiento que ayudarán a los nuevos empresarios a implantar sus negocios. La asistencia, que será gratuita y a lo largo de los primeros años de actividad, se ofrecerá en las oficinas del ministerio distribuidas por todo el país.
La posibilidad de emitir acciones sin voto, como nuevo medio de financiación, y una mejora del acceso a los incentivos por I+D+i completan una nueva ley a la que podrán acceder las nuevas empresas que se creen con un capital inicial superior a 3.012 euros e inferior a 120.202 euros, un colectivo que ahora agruparía en España a 2,4 millones de empresas.
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