El secretario general de la patronal de promotores de Madrid, Asprima, José Manuel Galindo, aseguró durante su intervención en una jornada sobre las perspectivas del sector inmobiliario organizadas por el Instituto de Fomento Empresarial (IFE), que los incrementos de los precios de la vivienda tenderán a moderarse de forma no traumática.

Según Galindo, entre un 60 y un 70% de la subida registrada en los últimos años está sustentada por fundamentos económicos, como el crecimiento económico, la creación de empleo, la bajada de tipos de interés, entre otros, y sólo el resto del encarecimiento responde a expectativas de revalorización futura de los activos inmobiliarios. Por ello, estima que en los próximos años, la subida derivada de dichas esperanzas de rentabilidad cederá y las subidas responderán a la coyuntura económica.

El director general de Tasaciones Inmobiliarias (Tinsa), Luis Leirado, apuntó por su parte que los precios de la vivienda cuentan con una fuerte rigidez ante posibles bajadas por los intereses en contra de dicha tendencia que, a su juicio, defienden los propietarios del parque de 22 millones de viviendas que actualmente existe, los promotores, los tenedores de suelo, los ayuntamientos y las entidades de crédito.

En la misma línea se manifestó el presidente de la consultora inmobiliaria Barta & Partness, José Barta, quien argumentó que los precios de la vivienda no bajarán, sino que moderará sus subidas dado el "extraordinario control" que, en su opinión, existe para la salida de producto al mercado. "Es muy difícil que se produzca una sobreoferta que provoque una quiebra del sector", concluyó.

Rebaja del IVA para las VPO

El proyecto de ley de reforma de la Ley del Suelo para abaratar la vivienda se remitió ayer al Senado tras recibir la aprobación definitiva en la Comisión de Infraestructuras del Congreso con el respaldo de PP, CiU, PNV y CC, después de incluir una propuesta para reducir el tipo del IVA de las viviendas de protección oficial (VPO) desde el 7% actual hasta el 'superreducido' del 4%.

Asimismo, los grupos parlamentarios que apoyaron el texto expresaron su disposición favorable a que el Gobierno impulse, dentro de la próxima reforma del Impuesto de Sociedades, el diseño de ventajas fiscales para los promotores que desarrollen viviendas en alquiler, tanto libres como protegidas. El trámite parlamentario en el Congreso respetó así casi íntegramente el texto original surgido del Pacto del Suelo suscrito entre el Ministerio de Fomento y doce comunidades autónomas (las gobernadas por el PP, Cataluña y Navarra), si bien añade medidas fiscales que en un principio no contenía.

Entre el resto de novedades que el Pacto de Suelo presenta tras su paso por la Cámara Baja destaca también la inclusión de una mención específica al respeto al medio ambiente como elemento a tener en cuenta para definir un suelo como no urbanizable. Esta referencia, junto a las incluidas en materia de competencias en urbanismo de las comunidades, es la que ha propiciado la adhesión al pacto del PNV.

La Comisión de Infraestructuras del Congreso rechazó, por contra, todas las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios socialista y de IU, quienes además presentaron textos legislativos alternativos. Las propuestas de estos grupos defendían la introducción de una mayor intervención de la Administración en urbanismo.

Entre las principales medidas que incluye el Pacto de Suelo está elevar la oferta de terrenos edificable en el mercado para atajar así la subida del precio. Los gobiernos regionales se comprometen a agilizar los trámites administrativos relacionados con el urbanismo y queda fijado un nuevo sistema de valoración de suelo que pretende excluir los elementos de cálculo que fomenten la especulación.