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CINCO DÍAS - OPINIÓN   

8 de octubre de 2003    


Bueno, pero corto

Manuel Pimentel

En 1995 los partidos políticos y los agentes sociales alcanzaron el conocido Pacto de Toledo o acuerdo de las pensiones. El acuerdo recogía una serie de recomendaciones que debían incorporarse paulatinamente a la legislación española, independientemente de cuál fuera el partido que gobernara.


Aquel fue un inteligente acuerdo histórico. Se sustraían las pensiones de la confrontación política cotidiana, al mismo tiempo que se abordaba el debate de forma racional y sosegada.

Debemos recordar, además, que en aquellos momentos se salía de una crisis económica que había deteriorado seriamente las cuentas de la seguridad social. La mejora de la coyuntura económica y el empleo, una razonable gestión económica, la profundización en los acuerdos sociales y la aplicación de las recomendaciones del Pacto de Toledo lograron darle un vuelco espectacular a la situación de la Seguridad Social. Desde el déficit que se partía, se llegó hasta el superávit actual, con el que se va dotando un fondo de reserva. Los firmantes del pacto acordaron que volverían a revisarlo pasados cinco años, y en eso estamos.

Con cierto retraso, y tres años de trabajo en ponencia, la semana pasada los partidos volvieron a alcanzar un acuerdo, concretado en 22 recomendaciones que comprometerán la próxima legislatura. La primera valoración que debemos realizar del acuerdo es positiva. Partidos y agentes sociales -después de un año de ácidas confrontaciones- han logrado ponerse de acuerdo en una materia tan fundamental como las pensiones. Las recomendaciones parecen -en una primera lectura- bastante razonables. Sin entrar a destriparlas, deberíamos detenernos en las más llamativas. De nuevo se vuelve a insistir en la necesidad de que los Presupuestos Generales del Estado financien los complementos a mínimos -lo que supondrá un gasto muy considerable-, al mismo tiempo que se continúa en la senda de la simplificación de regímenes de la Seguridad Social y la paulatina equiparación del autónomo con el régimen general. Una recomendación novedosa -y muy positiva- es la que aconseja limitar el uso de las prejubilaciones y prohibir la discriminación por cuestión de edad. La jubilación flexible y voluntaria por encima de los 65 años y el deseo de que la edad real de jubilación, 63 años, se eleve hasta la legal, 65, nos parecen igualmente medidas acertadas, aunque no supongan ninguna novedad frente a acuerdos anteriores. Sí son novedosas, por el contrario, las recomendaciones en torno a la ayuda de la dependencia. Debido al envejecimiento y al cambio estructural de las familias cada día existirán más personas que necesitarán ayuda externa. Bienvenida la invitación formulada para configurar un sistema de protección para la dependencia hoy inexistente.

Otra aspecto novedoso es la referencia -aunque sea vaga- a la población trabajadora inmigrante. Ya es hora que nos refiramos también a ellos por cuestiones laborales y de protección social y no sólo por aspectos conflictivos intencionadamente manipulados. Por último, destacaría la puerta abierta para el incremento de los años para el cálculo de la pensión. Nada nuevo bajo el sol en este aspecto.

Lo acordado, por tanto, nos parece positivo. Sus recomendaciones son muy razonables. Sin embargo, el acuerdo ha pecado por omisión. Lo acordado está bien, pero se han quedado cortos; deberían haber ido un poco más allá. Algunos han criticado este acuerdo por entender que sus recomendaciones son muy vagas. No comparto estas críticas; serán las posteriores normas las que concreten esos principios pactados. No. Lo que sí se ha perdido es una ocasión de oro para haber introducido con más rotundidad el concepto de envejecimiento, los problemas que nos puede generar y las posibles soluciones para abordarlo.

Más que de pensiones -asunto ya algo maduro- deberían haber acordado sobre envejecimiento, analizándolo en torno a cinco grandes campos. Pensiones, sanidad -que será el gasto que más crezca-, vida laboral -en esto se ha avanzado algo en el asunto de las prejubilaciones-, asistencia social -que es una necesidad mucho más amplia que la pura atención a la dependencia- y participación social.

El acuerdo es un paso adelante, en la buena dirección, pero quizá un poco corto. El debate acerca del envejecimiento estaba ya lo suficientemente maduro como para que los padres de la patria hubiesen oteado un horizonte algo más lejano. ¿Lo dejaremos para la próxima renovación?.



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