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En el bloque de tareas ineludibles que hereda el Gobierno socialista está la cada vez más apremiante reforma del mecanismo de pensiones. La Seguridad Social, tal como funciona ahora, tiene garantizada su viabilidad financiera hasta en torno a 2018-2020. La llegada de inmigrantes y su progresiva incorporación al mercado laboral regularizado puede prolongar algo este horizonte. Pero no lo suficiente como para que podamos permitirnos el lujo de aparcar esta reforma en el cajón.
Según reconoce el secretario de Estado de la Seguridad Social, los cambios necesarios no son sólo legislativos, sino también culturales. Básicamente, se trata de que los ciudadanos asuman que su pensión dependerá de lo que han cotizado a lo largo de su vida laboral. Algo que puede parece obvio, pero que no lo es en absoluto con el actual sistema. De hecho, el mecanismo actual penaliza a quienes acumulan más años de cotización y desincentiva la búsqueda de bases de cotización más altas. Además, desvía recursos hacia contribuyentes que han cotizado con bases más bajas, a pesar de tener mayores ingresos. Es decir, que ni siquiera cumple adecuadamente el principio de redistribución de rentas que se le presupone.
Para poner fin a estas incongruencias y, además, garantizar la viabilidad financiera del mecanismo de pensiones, será precisa una reforma en profundidad. El abanico de posibilidades es muy amplio, hasta llegar a un sistema de capitalización absoluto en el que cada ciudadano cobre exclusivamente en función de lo cotizado. Sin llegar a ese extremo, el margen de maniobra es lo suficientemente amplio como para poder reforzar el carácter contributivo del sistema (incentivando a quienes cotizan más años y con bases más altas) sin renunciar a los complementos de mínimos que garanticen una paga digna a todos los ciudadanos. Pero, para conseguirlo, será preciso un ejercicio de responsabilidad por parte de los agentes que deben hacer posible este cambio: el Gobierno, la oposición y también los sindicatos.
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