Con los 2.000 millones de euros en el 2003, y de acuerdo con las proyecciones subrayadas por expertos fiscales de las Islas, desde la puesta en funcionamiento del actual REF canario los empresarios de la región han dejado de pagarle a Hacienda, a cambio de reinvertir sus beneficios en las Islas, una cifra cercana a los 12.000 millones de euros.

El REF canario tiene algunos incentivos que son consideradas como ayudas de Estado. Por este motivo, Bruselas tiene previsto aplicarle una revisión de cara a su caducidad el 31 de diciembre de 2005, en concreto, de los instrumentos que evitan el pago a Hacienda.

El REF canario permite a las sociedades instaladas en esta Comunidad evitar hasta el 90 por ciento del Impuesto de Sociedades siempre que la empresa en cuestión se comprometa a reinvertirlos en la Comunidad Canaria.

Una herramienta que ha generado problemas

Esta herramienta ha originado problemas en las Islas, porque hay empresarios que quieren destinarla a financiar proyectos en el Tercer Mundo, aspecto que podría ser considerado por Hacienda como una evasión fiscal por la vía legal.

Debido a su especial condición insular y lejanía geográfica, el Archipiélago, desde su incorporación a la Corona de Castilla a lo largo del siglo XV y hasta nuestros días, han dispuesto de un tratamiento singular, tanto en lo administrativo como en lo económico y fiscal. Estos derechos históricos se han manifestado en forma de un régimen casi librecambista en el marco de un proteccionismo más o menos pronunciado según la época.

A mediados del siglo XIX esta especificidad se tradujo en un sistema de puertos francos que perduró hasta la guerra civil. Durante los años siguientes, el sistema ha ido evolucionando con la introducción de elementos intervencionistas que culminaron con la Ley 30/1972 de Régimen Económico Fiscal de Canarias (REF) en la que se pretendía establecer un compendio de medidas con el objetivo último de sentar las bases para promover el desarrollo económico y social de las Islas.

Desde ahí, ha evolucionado hasta la ley 19/94, que adaptó los incentivos de la Comunidad Canaria a las necesidades del mercado actual. En cualquier caso, ese modelo ha cambiado ya que actualmente existen restricciones a la inversión en suelo y la Comisión Europea tiene previsto analizar algunos de sus aspectos durante el 2005.