La mayor deuda de este período -4,76 millones de euros- se deriva de la comprobación del régimen fiscal especial del impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 1999 a 2002 sobre la Sicav South Hill, que ya ha firmado en disconformidad los cálculos realizados por el fisco.
Los inspectores de Hacienda consideran que se debe aplicar el tipo general del impuesto de sociedades (35 por ciento) en lugar del tipo especial del 1 por ciento, aplicable a la sociedades de inversión mobiliaria admitidas a negociación en la Bolsa de Valores.
South Hill, creada en diciembre de 1997 y con sede en Barcelona, está administrada por Maria de los Angeles Lladró Sala, actualmente consejera de la empresa valenciana de porcelana Lladró, y dispone de un patrimonio de 3,17 millones de euros, menor a la multa impuesta por Hacienda.
También asciende a 4,75 millones de euros el importe de lo que reclama Hacienda, por impuestos y sanción, a la sociedad Cartera Baseibar, en la que figuran como presidente Jesús LLantada Aguinaga y como secretario general José Aguinaga.
La sociedad ya ha considerado 'remota' la posibilidad de que prospere el acuerdo de liquidación presentado por los inspectores de Hacienda.
Ambos empresarios están presentes en FCC a través de Cartera Deva, cuyo secretario es José Aguinaga, quien también ocupa este puesto en la SICAV Mobinversora, que ha recibido otra propuesta de liquidación por valor de 2,98 millones de euros.
La última SICAV en firmar en disconformidad con el acta de Hacienda fue una sociedad con 92,53 millones de euros de patrimonio y ligada al consejero de Bankinter, Ramchand Bhawnani.
A Laxmi Inversiones el fisco le reclama 1,42 millones de euros, mientras que a Matxitxako Diversificada, presidida por el máximo ejecutivo de CIE Automotive, Antonio María Pradera Jaúregui, le pide 1,49 millones de euros.
Sobre la liquidación del Impuesto de Sociedades del año 1999, durante este mes de septiembre trascendieron, hasta ahora, otras deudas por inspección fiscal solicitadas a Rasec Inversiones (1,27 millones de euros), Selección Diversificada (1,4 millones de euros), JQ 41 de Valores (1,25 millones de euros) y Vallisoletana de Valores (1,01 millones de euros).
En agosto de este año, también se hicieron públicas otras once actas levantadas por la Agencia Tributaria entre las que destaca la de 3,4 millones de euros contra Ardizia de Inversiones, sociedad de 184 millones de euros en la que ocupan cargos miembros de la familia Fernández Paradela, presentes en el Consejo de Administración de Transportes Azkar (donde esta SICAV constituye más del 2,5 por ciento de la empresa).
También la SICAV del presidente del BBVA, Francisco González, Orto Inversiones, ha sido notificada por Hacienda por una deuda superior a 822.000 euros, por el ejercicio de 1999.
De este ejercicio también se reclaman a Intercontinental de Cartera 2,27 millones de euros; a Samaroca, 415.000 euros; Carrán de Inversiones, 725.000 euros; Guesinver, 1,14 millones de euros; y Acciones, Cupones y Obligaciones Segovianas por un montante de 2,02 millones de euros.
Al igual que Investalbert -a la que Hacienda pide 535.000 euros por los ejercicios 1999,2000 y 2001-, estas SICAV no han dotado de provisión los importes reclamados por 'considerar remota la posibilidad de prosperar' que tienen estas actas.
No es así el caso Dar Sicav, que ya ha dotado una provisión por importe de 1,021 millones de euros, lo que le supondrá una disminución en el patrimonio de la SICAV del 4,6 por ciento.
En julio de este año, salieron a la luz las sanciones de 4,76 millones de euros a la citada South Hill y de 2,48 millones de euros a East Star, que tiene como consejeros delegados a Vicente Lladró Dolz -fundador del Grupo Lladró- y David Lladró Roig -también consejero de la empresa Lladró-.
También han sido notificadas por Hacienda las sicav Allocation (que debe 2,63 millones y tiene como presidente a Fernando del Pino Calvo Sotelo, consejero del Grupo Ferrovial) y León Valores (con 2,18 millones de euros), una de las primeras creadas en España allá por el año 1990- por Juan Lladó Fernández-Urrutia, presidente de Finconsult.
Aunque la mayoría de las sociedades han firmado en desacuerdo con la inspección, Hacienda mantiene que no tienen lugar a acogerse al tipo especial del 1 por ciento aplicable a las sicav, para el que se exigen varias condiciones en cuanto a número de inversores, frecuencia de cotización y patrimonio mínimo.
Según la ley que regula estos instrumentos, que entró en vigor en 2003, las SICAV están sometidas a un impuesto de sociedades de sólo el 1 por ciento siempre que cumplan determinados requisitos, como contar con un mínimo de cien accionistas.
Según señalan los expertos, el problema es que las sociedades de inversión están compuestas normalmente por un pequeño número de personas que aportan la gran mayoría del capital y que, para llegar al centenar de accionistas exigido legalmente, se incluyen como partícipes incluso a trabajadores de las gestoras que administran dichas SICAV (conocidos popularmente como mariachis).
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