Este observatorio, que empieza a funcionar esta misma semana, realizará un seguimiento de la efectividad de las denuncias y querellas que se interpongan. También estará encargado de estudiar propuestas para mejorar los resultados de la lucha contra el fraude en sede penal.
Según los últimos datos de la Agencia Tributaria, en 2004 se abrieron 1.278 expedientes en materia de delito contra la Hacienda Pública. Asimismo, se denunciaron 946 delitos fiscales.
El observatorio es un órgano interno administrativo y está integrado por seis abogados del Estado designados por el Abogado General del Estado, tres representantes de la Agencia Tributaria, tres representantes de los demás organismos adscritos a la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, el director del Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria y un subdirector de este Servicio, que actuará como secretario.
La creación y puesta en marcha de este observatorio sobre delito fiscal es uno de los compromisos alcanzados en el convenio de colaboración entre la Agencia Tributaria y la secretaría de Estado de Justicia en materia de prevención y lucha contra el fraude fiscal, contemplado en el Plan de Prevención del Fraude Fiscal.
Además de la creación del observatorio, dicho convenio recoge otras propuestas con el fin de reforzar la coordinación y colaboración entre la Agencia Tributaria y la Abogacía General del Estado. Entre otras medidas, el convenio prevé que ambos organismos intensifiquen la colaboración mutua, con el fin de asegurar la obtención de las pruebas necesarias y anticipar o preparar actuaciones que aseguren los intereses de la Hacienda Pública.
COLABORACION INSPECTOR Y ABOGADO
La colaboración y coordinación será aún mayor cuando se detecte la existencia de posibles tramas y se podrá designar un abogado del Estado con funciones de apoyo al inspector responsable de la investigación de la trama para que coordine las actuaciones procesales necesarias.
El objetivo es lograr el máximo apoyo y coordinación entre las actuaciones que se realicen en vía administrativa y en vía procesal, potenciar la acusación particular y extremar la colaboración entre ambos organismos -también con el Ministerio Fiscal-, de manera que se logre una mayor efectividad en las denuncias que se presenten.
En cuanto a la responsabilidad civil derivada del delito, será la Agencia Tributaria la que, con carácter general, determine el importe de deba reclamarse, y la Abogacía del Estado quien resuelva sobre la procedencia de aplicar circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
Para ello, la Agencia Tributaria remitirá un informe con la información patrimonial de que disponga y que permita la adopción de medidas cautelares, así como sobre los indicios de posibles insolvencias punibles.
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