CiU pide la modificación del real decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Impuesto sobre Sociedades, y la creación de un régimen específico para las microempresas. El texto de la proposición, a la que tuvo acceso Europa Press, también contempla que los incentivos fiscales se apliquen siempre que el importe neto de la cifra de negocios habida en el periodo impositivo inmediato anterior sea inferior a 10 millones de euros. Además, las entidades que cumplan con las previsiones previstas en la norma tributarán al tipo de gravamen del 25%.

El grupo nacionalista catalán afirma que en relación con el abaratamiento de la fiscalidad de 'pymes' y microempresas, el "elemento clave" es que las pequeñas y medianas empresas y las microempresas "conforman la base del tejido productivo español". "Son su elemento más dinámico, son los principales generadores de empleo y garantizan un crecimiento económico a medio y largo plazo", dijo.

La iniciativa señala que la normativa española todavía no ha adoptado las definiciones de 'pymes' que contiene la Recomendación de la Comisión Europea, por la que se modifican los parámetros de definición de pequeña y mediana empresa y se define el concepto de microempresa. Además, CiU mantiene que la reducción de la presión fiscal incide directamente sobre la actividad productiva, con el objetivo de que la medida "contribuye a la creación de empresas y al mantenimiento de las existentes, frente a la deslocalización y la pérdida de empleos".

Impuestos medioambientales

Por otra parte, los Ministerios de Economía y Hacienda y de Medio Ambiente trabajan ya en la elaboración de medidas fiscales medioambientales, según informaron fuentes gubernamentales, que precisaron que resulta "prematuro" avanzar conclusiones acerca de esos trabajos. A pesar de que los Presupuestos del 2006 presentados el pasado 27 de septiembre no contemplan ningún importante cambio fiscal, el Gobierno tiene previsto crear impuestos medioambientales bajo el principio de "quien contamina paga", además de acometer una reforma del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades.

En respuesta a las reservas manifestadas por el PP hacia la apuesta del Ejecutivo por una fiscalidad 'ecológica', las fuentes consultas por Europa Press subrayaron que varias comunidades, incluso gobernadas por 'populares', ya han establecido y aplican tributos de carácter medioambiental. Como ejemplo, señalaron al Impuesto sobre contaminación atmosférica de Galicia, al Impuesto sobre instalaciones que incidan en el Medio Ambiente de Extremadura o al más reciente Impuesto de emisión de gases de Andalucía.

En ese sentido, explicaron que las actividades contaminantes generan un elevado coste en términos medioambientales e hicieron hincapié en los esfuerzos que ha de hacer España por cumplir sus compromisos derivados del Protocolo de Kyoto sobre el control de emisiones contaminantes. Por ello, indicaron que estas circunstancias aconsejan la implantación de un sistema tributario que conjugue el uso racional de los recursos naturales con el desarrollo de tecnologías energéticas eficientes que garanticen un crecimiento económico sostenible.

En este sentido, afirmaron que es preciso el desarrollo de la capacidad normativa en materia tributaria atribuida tanto al Estado como a los demás entes territoriales, ya que cada nivel de Gobierno tiene una especial capacidad de incidir con eficacia sobre los distintos tipos de fuente contaminante. Además, apuntaron que una "reforma fiscal verde" proporcionará al Estado unos ingresos tributarios adicionales, que permitirán reducir la carga fiscal en otros tributos y mantener, por ello, la presión fiscal, mejorando la "equidad y la eficiencia" del sistema fiscal.