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La Agencia Tributaria ha realizado en lo que va de año más de 16.000 actuaciones en el sector inmobiliario para prevenir el fraude fiscal y ha enviado 800 requerimientos a juntas de compensación (propietarios de promociones) para controlar los nuevos desarrollos urbanísticos desde sus comienzos, de modo que se puedan investigar los distintos cambios de titularidad y las plusvalías que se producen. Así lo avanzó ayer el director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, durante una comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso.
Junto al sector inmobiliario, la investigación de tramas de fraude en el IVA y en el Impuesto de Matriculación ha sido prioritaria para la inspección de Hacienda en este último año, y lo volverá a ser en 2006.
Pedroche explicó que la Agencia Tributaria ha venido detectando bases imponibles de 300 euros en la compra de automóviles de gama alta, con el fin de tributar por una cantidad muy inferior al precio real. Para acabar con esta línea de fraude, la Agencia ha firmado un acuerdo con la Dirección General de Tráfico y desde el pasado mes de junio viene realizando actuaciones previas a la matriculación de estos vehículos para comprobar que los valores que se declaran en la compra se corresponden con los precios de mercado. Si ambos valores no coinciden, apuntó el director de la Agencia, se impide la matriculación y el comprador no tiene más remedio que presentar una declaración complementaria para adecuar el precio de compra al valor declarado a efectos de este tributo.
Explicó que, en total, esta organización realizará cada año más de 200.000 actuaciones de investigación y controles en profundidad para prevenir y controlar el fraude. Este año ya se llevará a cabo esta cifra de actuaciones, que supone un incremento del 26% respecto a 2004 y «refleja el cambio introducido en la lucha contra el fraude con un mayor impulso de la investigación y de persecución del fraude más complejo», apuntó.
Respecto a la creación de una agencia en Cataluña, como prevé el Estatuto, Luis Pedroche afirmó que tiene «dudas razonables» sobre ciertos aspectos del nuevo Estatuto de Cataluña que no precisó, aunque quiso dejar claro que corresponde al legislador aprobar las leyes y que la Agencia Tributaria acatará lo que se apruebe. «No se le puede pedir a la Agencia que se oponga a lo que determine el legislador», pero reconoció que «personalmente» hay aspectos del Estatuto que no le gustan.
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