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El Ministerio de Economía y Hacienda aseguró ayer que «acata» la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que declara ilegal parte de la legislación española sobre el impuesto sobre el valor añadido (IVA), y que procederá a devolver las liquidaciones incorrectas a las empresas afectadas. Las reclamaciones podrían ascender a decenas de millones de euros.
Fuentes del ministerio indicaron que aún no disponen de datos sobre el montante exacto que deberá ser reembolsado, y tampoco supieron explicar si existe un plazo de prescripción legal para las reclamaciones.
En un fallo hecho público el jueves pasado, el Tribunal de Estrasburgo declaró contrarias al derecho europeo las modificaiones realizadas en 1998 en la ley española del IVA de 1992, mediante las que se limitaron los derechos de deducción de aquellas empresas que realizan compras de bienes y servicios con cargo a subvenciones públicas. La sentencia considera que la normativa española contraviene la legislación europea de armonización del IVA, y reconoce el derecho de los perjudicados a exigir la devolución de esos importes.
Empresas públicas
El fallo favorece sobre todo a las grandes empresas públicas y a las privatizadas que lo eran en el momento en que se modificó la ley-entre ellas, Renfe, AENA, los astilleros públicos y los puertos de interés general-, pero también a centenares de pequeñas firmas y organismos autónomos adscritos a entidades locales, provinciales y autonómicas, cuya financiación proviene mayoritariamente de subvenciones dirigidas a cubrir servicios de carácter público.
De hecho, el proceso tuvo su origen en una denuncia ante la Comisión Europea del Ayuntamiento catalán de San Cugat del Vallés, que acudió a Bruselas por lo que consideró una injusticia: su empresa de transportes, la compañía que gestionaba el centro cultural local y otros organismos autónomos municipales vieron reducidas sus deducciones del IVA porque la mayoría de sus operaciones se efectuaban con cargo a los presupuestos del Ayuntamiento, gobernado desde el 2003 por un alcalde de CiU con el apoyo de ERC.
La Comisión Europea estimó la demanda y advirtió a España de que estaba incumpliendo las normas europeas de armonización. Pero el Gobierno mantuvo el sistema y la Comisión presentó el caso al Tribunal de Estrasburgo en el 2001.
«Esta sentencia tiene una gran trascendencia económica y política, ya que a partir de ahora todas las entidades públicas que realicen transferencias incrementarán su derecho a deducción y, por tanto, pagarán menos dinero», subraya el Ayuntamiento de San Cugat en un comunicado.? Un portavoz del Ministerio de Economía y Hacienda reconoció ayer que el fallo supone «un doble varapalo» para las arcas del Estado: «Por un lado habrá que devolver ese dinero, y, por otro, se recaudará menos en concepto de IVA». De entrada, esa circunstancia trastoca el capítulo de ingresos de los Presupuestos Generales del Estado.
Rato, Solbes y Montoro
Las modificaciones de la ley del IVA se realizaron bajo mandato del Partido Popular en 1998, con Rodrigo Rato en el Ministerio de Economía y Cristobal Montoro en la Secretaría de Estado de Hacienda.
Del Ejecutivo comunitario que denunció a España formaba parte Pedro Solbes, entonces comisario de Asuntos Monetarios y Financieros y hoy vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda. Rato es en la actualidad presidente del Fondo Monetario Internacional y Montoro ocupa un escaño en el Parlamento Europeo.
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