El Gobierno estudia rebajar cinco puntos, del 30% actual hasta el 25%, el tipo máximo del impuesto de sociedades que se aplica a las pequeñas y medianas empresas, más conocidas como pymes. Así se lo han planteado a distintos niveles del Ejecutivo (Moncloa y Ministerio de Economía y Hacienda) representantes de las dos formaciones nacionalistas catalanas, ERC y CiU, que han vinculado esta petición a su apoyo en el Parlamento a los PGE para 2006.
El programa electoral socialista contempla la convergencia paulatina de los tipos máximos de los impuestos de la renta (IRPF) y sociedades, pero el objetivo no se cumplirá esta legislatura ya que ambos rebajarán sus referentes máximos, situados en el 45% y el 35%, respectivamente. La idea del Ejecutivo es presentar a finales de año el nuevo gravamen para las personas físicas, y dejar para la próxima primavera las novedades que se introducirán respecto a las empresas. Ambas reformas entrarían en vigor el 1 de enero de 2007. ERC, principal socio parlamentario del PSOE junto a IU-ICV, está conforme con este calendario, pero CiU, aliado coyuntural de los socialistas en el nuevo Estatuto de Cataluña, pretende adelantar a 2006 los cambios.
Nuevo modelo
En lo que sí están de acuerdo ambos partidos es en las características que deberá tener el nuevo impuesto de sociedades, cuya carga (sobre los beneficios) soportan en casi un 90% las compañías que facturan más de 10 millones de euros al año, es decir, sólo un 2% del total. El tipo general (para grandes empresas) bajaría del 35% al 30%, mientras que de las pymes (las que venden menos de 6 millones anuales, límite que CiU quiere elevar a 10 millones) pasarían del 30% al 25%. Este último beneficio sólo afecta a los primeros 120.202 euros de ganancias, pero ERC pretende eliminar tal barrera. Además, se crearía una nueva categoría, de 'microempresas' -que, según la UE, son las que tienen menos de 10 empleados y un volumen de negocio inferior a los 2 millones-, que tributarían al 20%.
Para justificar estos cambios, CiU y ERC aluden a su reducido efecto recaudatorio, ya que las pymes suponen casi el 90% del tejido empresarial español, pero aportan menos del 10% de lo ingresado por este impuesto. También pretenden mejorar la competitividad de las empresas españolas, y de reducir la deslocalización, problemas agravados porque el tipo medio del impuesto en Europa es casi nueve puntos inferior al español.
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