El proyecto de reforma de las leyes de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por el último Consejo de Ministros celebrado antes del verano, permitirá a las Administraciones Públicas incurrir en un déficit del 1% del Producto Interior Bruto cuando el crecimiento de la economía se sitúe por debajo del 2%. La reforma también permite un déficit adicional, del 0,5% del PIB, para financiar inversiones productivas.

El PP justifica su enmienda a la totalidad de la reforma de la ley de Estabilidad Presupuestaria y de su norma complementaria por considerar que "compromete" el crecimiento económico, la creación de empleo y los compromisos adquiridos por España en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Según el principal grupo de la oposición, las leyes de Estabilidad Presupuestaria aprobadas en diciembre del 2001, con el PP en el Gobierno, han resultado ser un "potente instrumento para conseguir la consolidación fiscal", lo que ha supuesto uno de los "motores esenciales" del crecimiento económico.

El PP cree que con la reforma "se pierde" el principio de transparencia en las finanzas públicas, y se "pone en peligro" la consolidación fiscal, el equilibrio presupuestario, por lo que "en ningún caso" supone una mejora con respecto a la norma vigente.

Por otra parte, los populares han presentado una enmienda a la totalidad del proyecto de Ley de Agencias Estatales, que prevé la creación de nueve agencias estatales y la conversión de los organismos públicos en agencias.

Las Agencias que se crearán son las de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, la del Boletín Oficial del Estado, la de Investigación Científica, la de Inmigración y Emigración, la de Seguridad del Transporte y la de Navegación Aérea, Artes Escénicas y Musicales, Meteorología, Cooperación Internacional, e Investigación en Biomedicina y Ciencias de la Salud.

Para el PP, "no está justificada" la creación de las nuevas agencias, y el proyecto, "lejos de avanzar" en la organización administrativa, puede originar "confusión" en la distribución de las competencias ministeriales.

Además, añade que el proyecto de ley para la modernización de la SGE "no se corresponde con lo que debería ser un modelo articulado de Administración en la que sus estructuras sirvan a los intereses generales, lo que, a su juicio, "evidencia la falta de modelo para impulsar una reorganización de la Administración en España.

Por último, considera "patente" que una iniciativa tan jurídicamente tosca, como políticamente desorientada, es merecedora de una enmienda de totalidad de devolución".