La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado
solicitó hoy la creación de una Policía Fiscal y de una Oficina contra el Fraude, así como el establecimiento de penas "agravadas"
contra la utilización de paraísos fiscales y para los organizadores de redes de fraude, con el efectivo ingreso en prisión de
los condenados por delitos contra la Hacienda Pública.
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La asociación, que hizo públicas hoy cincuenta propuestas para la futura ley de medidas contra el fraude en el marco de su XV Congreso, considera que la nueva Policía Fiscal debería depender funcionalmente de la Agencia Tributaria y que tendría que estar formada por unidades especializadas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, junto a las Unidades Operativas de Vigilancia Aduanera. "Existen modelos internacionales de eficacia contrastada como EEUU e Italia", apuntan los inspectores.
Igualmente, insiste en que la persecución del engaño debe ser objeto de una persecución "más eficaz y más integrada", por lo que resalta la necesidad de que organismos como el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) forme parte de una Oficina de Lucha contra el Fraude, dependiente directamente de la Agencia Tributaria.
Los inspectores apuestan también por la aplicación sistemática de la prisión preventiva ante posibles delitos fiscales y por sancionar los casos de colaboración de la banca con los defraudadores.
"Es de conocimiento público que determinadas entidades de crédito ofrecen productos opacos, diseñados a partir de una combinación de testaferros y paraísos fiscales, para captar el dinero negro de los clientes. Entre la sanción a imponer se debería contemplar como pena accesoria la inhabilitación de los directivos de las entidades que resulten condenados por este tipo de delitos" propone.
Asimismo, los inspectores defienden la creación de un régimen especial para determinados contribuyentes defraudadores y la especialización de la Fiscalía y de los Tribunales de Justicia en relación con delitos económicos.
COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
La organización también propone el establecimiento de "la obligación institucional" de colaboración en la lucha contra el fraude fiscal, en particular, respecto a las prácticas de ingeniería fiscal por parte de la CNMV y el Banco de España.
Otra de las proposiciones de los inspectores es la ampliación del plazo de prescripción para los delitos fiscales de los 5 años actuales hasta 8 o 10 años, "de forma que se reduzca la sensación de impunidad".
Respecto al fraude del IVA, los inspectores defienden la regulación de la colaboración ciudadana en la lucha contra el engaño y un mayor control ante posibles precios ficticios y ante la adquisición de vehículos de alta gama en la Unión Europea.
En lo relativo al IRPF, se apuesta por impulsar modificaciones que controlen las ganancias patrimoniales no justificadas. También se defienden cambios normativos que frenen el fraude cometido a través de contribuyentes en módulos que emiten facturas falsas, especialmente en los sectores relacionados con la construcción y el transporte de mercancías por carretera.
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