“El fraude fiscal sigue siendo la niña fea de la Agencia Tributaria”. José María Peláez, presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, vuelve a pedir “más medios y medidas normativas concretas” para un problema que afecta al 20% del PIB y que desde 1993, proyecto tras proyecto, lo ha dejado sin solución.
El último, el Plan de Prevención de Fraude Fiscal, aprobado por el Gobierno en enero y para el que se espera su plasmación en una ley de medidas, que según adelantó el jueves el director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, llegará al Consejo de Ministros en noviembre. Peláez cree que el Plan ha quedado “políticamente muerto” por la falta de voluntad de la Secretaría de Estado de Hacienda. Por eso, los Inspectores han elaborado un documento con 50 propuestas para la ley de medidas contra al fraude fiscal que enviarán al Congreso.
Entre ellas, destaca el capítulo referido a “las ganancias patrimoniales no justificadas en personas físicas y en sociedades”. Frecuentemente, los grandes defraudadores ocultan fuentes de dinero negro con la compra de bienes de lujo, inmuebles, etc. Sin embargo, si la riqueza se detecta cuando las rentas que permitieron su compra corresponden a periodos prescritos –5 años por ley–, los inspectores no pueden obligar a hacerlas tributar ni exigir otras responsabilidades. Para erradicar esto, piden una modificación de la Ley General Tributaria, en la que las ganancias no justificadas tributen en el periodo impositivo en el que se descubran, a menos que el contribuyente demuestre que los bienes se adquirieron en periodos prescritos y esas rentas ya tributaron. Lo mismo ocurrirá para los bienes no declarados por las empresas.
Una segunda novedad importante es la creación de un Registro de Contribuyentes en Situaciones Especiales. Con él se pretende evitar el incumplimiento e ineficacia del actual procedimiento de la Ley General de Tributos y que determinados contribuyentes aprovechan para alargar y entorpecer las actuaciones.
Regular incapacidades
La inclusión en este registro, cuyas situaciones se regularán por ley, tendrá una serie de efectos. Por ejemplo, para las personas físicas, el impedimento de actuar como representante legal de otra entidad, o en el caso de entidades mercantiles, la inscripción en el Registro Mercantil de esa infracción.
Otra propuesta destacada es la regulación de la colaboración ciudadana en la lucha contra el fraude. Toda persona que participa en un fraude –por ejemplo, realiza una compra sin facturar y sin pagar IVA– es responsable solidario de la infracción junto con los causantes. Los Inspectores proponen exonerar dicha responsabilidad siempre que se produzca una comunicación de dicha infracción a la Agencia. El Gobierno ya ofreció “acuerdos de entendimiento” a colectivos como los sindicatos para hacerse con información de acciones ilegales cometidas por las empresas. Peláez insiste en que su idea no consiste “en premiar al denunciante”, sino en concienciar a la ciudadanía de su colaboración cívica.
Por último, los Inspectores exigen también la formación de una Oficina contra el Fraude en tres años. Así, todas las competencias de la Secretaría de Estado de Hacienda en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales pasarían a la de Hacienda, junto con el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España. De este modo, la Agencia tendría el control de estas áreas más el de un cuerpo de policía fiscal formada por Guardia Civil, Policía Nacional y Aduanera.
|
