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La riqueza que en España no paga impuestos equivale a un
20% del PIB
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La organización de inspectores de Hacienda del Estado, que ha celebrado esta semana su XV congreso, ha presentado una amplia bateria de medidas para luchar contra el fraude fiscal, que en España, según señalan, se sitúa por encima del 20% del producto interior bruto (PIB), una tasa muy superior a la existente en la Unión Europea.
La percepción de los inspectores es de que en España "no se lucha como se debiera contra el verdadero fraude fiscal" y apuntan como una de las causas "la ausencia de voluntad política para ello". Ante este hecho, consideran imprescindible que sea el poder legislativo el que impulse una ley específica contra el fraude, pues "como se ha demostrado, la Administración tributaria, presidida por un órgano político, como es el secretario de Estado de Hacienda, carece de voluntad real para luchar contra el fraude".
Además existe "escasa conciencia" en la sociedad sobre el daño que hacen los defraudadores, en particular "los grandes, pertenecientes a los sectores privilegiados". Y es que, a su juicio, "las normas jurídicas resultan claramente insuficientes para conseguir el aislamiento social y el castigo efectivo de sus conductas".
Por eso, una de sus primeras propuestas se refiere al establecimiento de penas que conlleven el efectivo ingreso en prisión de los condenados por delito fiscal y la aplicación sistemática de la prisión preventiva en estos delitos. En el marco de una "reforma en profundidad del delito contra la Hacienda Pública", los inspectores consideran conveniente establecer penas agravadas para los organizadores de redes de fraude y los que ofrezcan instrumentos idóneos para éste. Quieren asimismo penas más graves para el fraude que se comete desde paraísos fisclales, así como sanciones para la banca cuando colabore con los defraudadores y la ampliación del trámite de prescripción para estos delitos.
Un segundo grupo de medidas van dirigidas para profundizar en la lucha contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal. En este capítulo, los inspectores quieren que la Agencia Tributaria tenga asignada de forma expresa la función de investigar este tipo de fraude fiscal organizado, además de avanzar en la creación de la oficina contra el fraude de carácter integral, que debería funcionar en tres años. A esto se uniría la creación de la policía fiscal y la especialización en delitos de económicos de la fiscalía y los tribunales de justicia.
La ingeniería tributaria también preocupa a los inspectores. Para cortar las alas a estos negocios, proponen establecer una responsabilidad solidaria entre los despachos de fiscalistas y las instituciones que se dedican a comercializar productos con técnicas de ingeniería fiscal.
Respecto al fraude del IVA, solicitan una mayor colaboración ciudadana y animan también a reforzar los controles sobre las obligaciones de facturación y la adopción de medidas cautelares, aunque no haya terminado el periodo de declaración. Quieren un mayor control del fraude intracomunitario y del que se produce con precios ficticios y en la adquisición de coches de lujo en la UE.
En cuanto al impuesto sobre la renta, quieren que se modifique el régimen de tributación por módulos y las ganancias patrimoniales no justificadas de personas físicas, y en personas jurídicas, en la ley del Impuesto sobre Sociedades.
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