Lunes, 8 de octubre de 2007

«El consorcio tributario que se pacte con Cataluña podría generalizarse al resto de las comunidades»

YOLANDA G. GÓMEZ. MADRID

Avanzar en la lucha contra el fraude fiscal ha sido uno de los principales objetivos de Luis Pedroche al frente de la Agencia Tributaria durante esta legislatura. Pero el organismo que dirige tampoco se ha salvado de las ambiciones de algunas comunidades que han exigido asumir funciones que ahora desempeña la Agencia estatal.

-Varios estatutos de autonomía, como el catalán o el andaluz, prevén la creación de sus propias agencias tributarias. ¿No se corre el riesgo de parcelar la agencia y mermar su eficacia?

-En este asunto debemos distinguir entre la creación de las agencias tributarias como modelo de gestión alternativo al que hoy tienen las comunidades, y la participación de las autonomías en la gestión de los tributos. Con un modelo de financiación, como el que tenemos, en el que las comunidades participan en un porcentaje importante de la recaudación de IRPF, IVA e Impuestos Especiales, hay autonomías que quieren participar y tener capacidad de influencia en la actividad de la agencia en esos impuestos cedidos parcialmente. En ese contexto, lo que hemos hecho, y sólo para IRPF, es avanzar en lo que debe ser el consorcio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia catalana.

-¿Sólo para el IRPF?

-Estamos hablando de un consorcio sólo del IRPF por dos razones. Primero porque es un impuesto con una base territorial muy importante, aunque no está exento de cierta dificultad, ya que el IRPF lo que grava es la renta mundial de un ciudadano, y puede estar obteniendo esta renta fuera del territorio de la comunidad. Además las comunidades autónomas tienen una cierta capacidad normativa en este impuesto, en la medida en que pueden crear deducciones y modificar la tarifa, y eso obliga a que la Agencia Tributaria estatal y la catalana tengan que planificar cómo van a llevar a cabo esa colaboración en el IRPF.

-¿En qué punto concreto de la negociación están?

-El pasado 27 de julio, la Comisión Mixta bilateral Estado-Generalitat acordó crear un grupo de trabajo para que antes del 31 de diciembre presentara un informe sobre los distintos modelos de consorcio. El grupo ya se ha creado y está trabajando en el diseño de este modelo.

-Se empieza por IRPF, pero ¿se seguirá por IVA e Impuestos Especiales?

-Sin descartar nada, creemos que hay que empezar con lo que es posible, que es el IRPF y eso es lo que hemos acordado con la comunidad autónoma, un consorcio cuyo alcance estaría limitado a ese impuesto.

-¿Lo que se acuerde con Cataluña es extensible a otras comunidades? Andalucía también habla de consorcio en su Estatuto.

-Andalucía habla de consorcio y en principio habría que entender que el modelo que se diera para Cataluña podría ser generalizable al resto de comunidades .

-¿Y esto no es un lío, como el «sudoku» del que habla Solbes para repartir las inversiones?

-Depende de cómo se haga. Si se hace bien no tiene por qué ser así dado que lo que se pretendería es que las autonomías tengan una mayor influencia en la gestión del IRPF.

-¿Sólo en la gestión, o también en la inspección?

-Puede ser un consorcio donde las dos administraciones decidan cómo se quiere gestionar y controlar el impuesto sobre la renta, sin cuestionar quién va a ejecutar materialmente esa gestión o esos mecanismos de control.

-Se acerca el final de la legislatura. ¿Sigue siendo la lucha contra el fraude una asignatura pendiente de la Agencia Tributaria?

-La Agencia siempre ha hecho grandes esfuerzos en facilitar el cumplimiento voluntario a los contribuyentes. Cuando llegamos, pensamos que esos esfuerzos no tenían correlación en la prevención y lucha contra el fraude y dimos un giro en el sentido de reforzar los elementos de control con el diseño de medidas preventivas, identificando aquellos sectores o ámbitos donde podía tener una mayor incidencia el fraude fiscal.

-¿Y cuáles son esos ámbitos?

-El fraude en el IVA, a través de tramas en operaciones intracomunitarias y el sector inmobiliario. A estos dos segmentos les hemos dedicado una atención prioritaria.

-¿En qué ha consistido?

-Hemos diseñado instrumentos de prevención. En tramas de IVA hemos puesto en marcha un mayor rigor en el acceso al registro de operadores comunitarios, y hemos cambiado la estrategia del control. Hasta 2004 el control se hacía contribuyente a contribuyente, ahora vamos al conjunto de la organización y además en la idea de judicializar cuanto antes las correspondientes denuncias.

-¿Y en el sector inmobiliario?

-En este sector, donde había distintos fenómenos de fraude, desde operaciones no declaradas, a un cierto incumplimiento en materia de capital inmobiliario y rentas imputadas, hemos tomado medidas. Hemos establecido con carácter obligatorio la consignación de la referencia catastral de los inmuebles en la declaración de la renta, lo que nos permite conocer quién usa una vivienda en calidad de arrendamiento. Esta medida se ha traducido en que en tres años las rentas declaradas por alquiler se han incrementado en más de 3.000 millones, algo más del 32,7%. Las rentas imputadas, las que declaran aquellos ciudadanos que disponen de un segundo inmueble no arrendado, han crecido un 49% entre 2004 y 2006. Vamos a seguir en este ámbito del control de los rendimientos procedentes del capital inmobiliario con nuevas acciones, como han sido exigir a las compañías suministradoras de energía la consignación en los contratos de suministro de la referencia catastral, con lo que vamos a tener un nuevo tema de información.

-¿Aparece ya la referencia de la vivienda en todos los recibos de la luz?

-Hay unos 24 millones de contratos de suministro de energía antiguos, que cuando se firmaron no existía esta obligación. Sobre estos, las compañías nos han transmitido en un fichero la identificación de los titulares y los domicilios y nosotros, junto con el Catastro, hemos ido asignando a esos titulares y domicilios la referencia catastral que les corresponde y se lo hemos devuelto a las compañías suministradoras. Para los nuevos, ya se les ha exigido esta referencia, como un requisito más del contrato.

-¿Y cómo se ha actuado para detectar fraudes en otros ámbitos del sector inmobiliario, como las ventas de suelo o de inmuebles?

-Hemos hecho es una importante captación de información, desde el inicio de la operación inmobiliaria hasta el momento de la entrega al consumidor de la vivienda. Esto nos permite seleccionar las operaciones de riesgo que luego analiza la inspección. Este año el 40% de la actividad de la inspección se va a centrar en operaciones del sector inmobiliario.

-Abrieron una investigación sobre el aumento de los billetes de 500 euros. ¿Hay resultados?

-El uso de billetes de 500 euros puede servir de alerta de operaciones de riesgo. Hemos visto que un número importante de las 2.100 operaciones investigadas estaban relacionadas, precisamente, con el sector inmobiliario.

-¿Y qué resultados se han obtenido con la puesta en marcha de estas medidas contra el fraude?

-En 2005 y 2006 se han superado los 10.000 millones recaudados por las actuaciones de control de la Agencia y no tengo ninguna duda de que al final del año superaremos los 15.000 millones. También hemos notado la eficacia del plan de prevención en la presentación de declaraciones complementarias. Por ejemplo, en el programa de control del uso de billetes de 500 euros, hemos detectado que en muchos casos en los que hemos requerido información a un ciudadano que había usado estos billetes, e inmediatamente nos ha presentado una declaración complementaria. Es una señal de que el programa funciona.

-¿Cómo van las denuncias de fraude fiscal?

-Además del importe recaudado directamente por actuaciones de control, en 2006 la estimación de deuda defraudada enviada a los tribunales superó los 3.000 millones de euros.