INVESTIGACIÓN

El caso Mahía salpica ahora a decenas de compradores

19.09.2008 Durante varios días, numerosos vecinos de Santiago y comarca fueron llamados por la Agencia Tributaria para explicar por qué aparecían como compradores de pisos con dinero negro ·· Otra investigación de similares características se ha llevado a cabo en Castilla y León

Decenas de personas tuvieron que hacer cola durante varios días del pasado julio para declarar ante los inspectores de Hacienda tras ser convocados por la Agencia Tributaria para explicar por qué aparecían en documentos de la constructora Mahía como compradores de viviendas que habrían entregado una parte del precio en dinero negro, listados de los que ayer EL CORREO ofrecía un extracto.

Entre las preguntas que realizaban los inspectores del fisco estaba la de si la persona interrogada había adquirido un piso a esa empresa inmobiliaria, cuánto habían pagado por la misma vivienda, si habían entregado alguna cantidad en dinero negro, y si no era así, por qué aparecían en esas listas.

Fueran cuales fueran las respuestas de los llamados por Hacienda y el resultado de las investigaciones preliminares, la Agencia Tributaria encontró claros indicios de delito de fraude fiscal en las relaciones de clientes de Mahía que había recibido la jueza de Instrucción número uno de Santiago, Ana López-Suevos Fraguela, y que esta remitió a la delegación tributaria de la ciudad de A Coruña.

La respuesta de Hacienda no ofrecía ninguna duda: ante los indicios de fraude fiscal hallados en los documentos anunciaba a la magistrada que se inhibía en su favor y le pedía que investigara el presunto engaño al erario público por parte del grupo inmobiliario Mahía.

El fraude que se investiga podría estar en torno a los 7.600.000 euros por la venta en B de parte de 1.800 pisos. Algunas fuentes aseguran que el fraude podría ser enorme si este tipo de actuación defraudadora se hubiera extendido a las más de 30.000 viviendas que el grupo inmobiliario Mahía ha vendido en los años en los que ha estado en actividad tanto en Galicia como en Castilla y León o, incluso en los alrededores de la ciudad portuguesa de Oporto.

Pero el caso Mahía no es exclusivo de Galicia, ya que en Castilla y León hay un sumario abierto contra esta firma por un juzgado de Valladolid desde hace más de dos años. En el mismo se siguen unas diligencias en las que también se ha encargado a la Agencia Tributaria de Castilla y León que analice la contabilidad de varias sociedades relacionadas con la constructora Mahía.

Un entramado complicado

En el año 2000, Mahía ampliaba su negocio y creaba Mahía Grupo Inmobiliario para llevar a cabo promociones fuera de Galicia, y Mahía Obras y Obra Ibérica, esta última una constructora para levantar los edificios y viviendas en los solares adquiridos fuera de la comunidad autónoma gallega. El objetivo de estas firmas era trabajar en ayuntamientos limítrofes a varias capitales de Castilla y León, centrando su actuación en Valladolid y Salamanca.

Otras de las empresas creadas fue Mahía Santiago constituida al cincuenta por ciento por dos de los tres socios fundadores (Manuel Gómez Maroñas --que no ha querido realizar declaraciones a la prensa- y Antonio Bello), y Ramón López Casal con un grupo encabezado por Antonio Framiñán. Esta nueva sociedad fue la que construyó posteriormente el Balneario de O Tremo.

CASO ARROYO

Sumario abierto en Valladolid

La promotora Mahía, como publicaba hace pocos días el diario El norte de Castilla, tiene importantes intereses en el término vallisoletano de Arroyo de la Encomienda, en donde en 2005 trató de recalificar 335.000 metros cuadrados de suelo industrial para convertirlo en residencia y destinarlo a 2.984 viviendas.

Después de varias denuncias, el Juzgado de In­strucción número uno de Valladolid abría diligencias por ese intento de recalificación, que se acabó denominando caso Arroyo y en el que se imputaba al alcalde de esa localidad, José Manuel Méndez; María Iluminada Miguel, apoderada de Mahía en Valladolid y empleada de Méndez entre 1997 y 2002 en una sociedad. Posteriormente, este juzgado quiso sobreseer el caso, pero tras un recurso del fiscal y de la Asociación Vecinos Arrollo Siglo XXI, la Audiencia Provincial de Valladolid desestimaba el sobreseimiento y ordenaba la reapertura de las diligencias penales, a las que se había opuesto Javier Gómez de Liaño, abogado del alcalde de Arroyo. La Audiencia de Valladolid indicó al magistrado que deberá tomar declaración a María Iluminada Miguel, que también ejerció como apoderada de Maexpa, sociedad de Mahía. Al parecer, esta mujer firmó una escritura de venta de un piso en Vilagarcía de Arousa en el verano de 2004 para el regidor de Arroyo, un inmueble situado a pie de playa que se escrituró en 79.000 euros. También declararán Ramón López y Dionisio Miguel, padre de Iluminada, entre otros .

El impulso de la jueza López-Suevos

La nueva titular del Juzgado de Instrucción número uno de Santiago, Ana López-Suevos Fraguela, dio un notable impulso al caso tras su toma de posesión. De hecho, si no hubiera agilizado la instrucción del caso Mahía el presunto delito de fraude fiscal habría prescrito el pasado mes de julio.

La Bolsa, la solución para los beneficios

Según fuentes consultadas por este diario, el objetivo final de Ramón López era entrar en Bolsa y una vez cotizando en el parqué vender el 48 por ciento del grupo, lo que ofrecería dividendos y, por fin, se podrían repartir los beneficios pendientes de 19 años de actividad .