Los planes de ajuste fiscal del Gobierno, con los recortes a los pensionistas y los funcionarios, las subidas de impuestos o el reciente paquete de iniciativas de ahorro energético, tienen como propósito común el saneamiento de las cuentas públicas mediante un aumento de la recaudación y una disminución del gasto. Muchos colectivos de españoles han resultado damnificados por los planes de un Ejecutivo que se vio obligado a girar 180 grados su política económica apremiado por la Unión Europea.  Estas medidas fueron el recurso fácil y rápido, mientras se renunciaba siquiera a explorar, ya no a explotar, un filón que permanece oculto y de cuya magnitud sabemos, no por la Administración, que debería ser la más interesada, sino por entidades privadas. La economía sumergida es un fenómeno que se alimenta de contextos de crisis y que en España presenta hoy una magnitud extraordinaria derivada de que la recesión aquí ha sido más severa que en otros países.

Las últimas aproximaciones al volumen de esa actividad opaca, que escapa a los controles de Hacienda y Seguridad Social, concluye que la economía sumergida en España está alrededor del 20% del PIB, lo que equivaldría a 200.000 millones de euros. Lo que dejaría de recaudarse, más de 30.000 millones de euros, serviría, por ejemplo, para pagar las prestaciones por desempleo durante un año a todos los parados. Nuestro país está a demasiada distancia de Alemania (15%), Francia (12%) o Reino Unido (11%). La comparación con los países de nuestro entorno nos da una idea exacta de la importante diferencia de impuestos que recauda el Estado en esas naciones sólo por combatir esta suerte de mercado negro. Obviamente, nadie se debería sentir aliviado ni satisfecho con un panorama desalentador.  

Combatir la economía sumergida no es sencillo, pero la recompensa es lo suficientemente relevante como para que el Gobierno se lo hubiera tomado mucho más en serio. Es un hecho que el Ministerio de Economía ha preferido ocultar el problema sin aceptar ninguna estimación y que ha centrado su lucha contra el fraude fiscal en objetivos más vendibles como las grandes fortunas o los paraísos fiscales. La desidia gubernamental, incluso la tolerancia gubernamental, ha sido un gran error.

No estamos ante un fenómeno inocuo. Las consecuencias son siempre injustas para aquellos que cumplen con la legalidad. Se provocan distorsiones en el mercado laboral con situaciones de empleo precario y falta de cobertura social. La menor recaudación de impuestos y de cotizaciones obliga, como ha sido el caso español, a correcciones impositivas que perjudican a todos los contribuyentes.

El Gobierno ha consentido y ha alimentado un fracaso del sistema que nos empobrece a todos. Hay que concienciar al ciudadano de ello y de la necesidad de no justificar el fraude. Es preciso aliviar la carga administrativa y burocrática en el país, reforzar las medidas de control, acabar con la laxitud legal y tomarse en serio las inspecciones.